12 de febrero de 2010


SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Bogotá D.C.- Colombia


Respetado Señor:

Las organizaciones y personas que firmamos la presente carta somos acompañantes solidarios y seguidores de las reivindicaciones por los derechos humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia y en particular del Pueblo Embera Katío del Alto Sinú que habita en el Resguardo Indígena del mismo nombre en el departamento de Córdoba.

En la presente carta queremos hacer un resumen de lo acontecido con esta comunidad, informarle sobre su situación actual, e instar al Estado a fortalecer los mecanismos de protección acordados con el pueblo a raíz del otorgamiento de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de llegar a acuerdos definitivos para la protección de la vida de este Pueblo, así como de su pleno disfrute de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y las leyes de Colombia.

Como es de amplio conocimiento el Pueblo Embera Katío del Alto Sinú ha sido sometido a innumerables violaciones de sus derechos humanos desde 1993, año en que se inició la construcción de la Represa Urrá I y su posterior llenado en el año 2000.

Algunas de las consecuencias de la construcción de esta obra han sido las siguientes:

Asesinatos, amenazas, secuestros y torturas de los líderes y miembros de la Comunidad por parte de grupos armados ilegales (paramilitares y guerrilla); desplazamientos forzosos; pérdida de la seguridad alimentaria, como consecuencia de la extinción del pescado en los ríos que atraviesan sus territorios; inundación de sus mejores tierras para cultivo; incremento de enfermedades tropicales; desnutrición; incremento de mortalidad; retenes y decomiso de alimentos y bienes por parte de los grupos armados ilegales y de la Fuerza Pública; maltrato e irrespeto a su cultura y tradiciones, que ha devenido en la degradación de sus vidas.

Tenemos conocimiento que desde el año 2001 la CIDH, informada de los asesinatos y abusos cometidos contra este Pueblo, otorgó medidas cautelares a favor del Pueblo Embera Katío para su protección y ordenó que se investigue, juzgue y sancione a los responsables de los atentados en contra de la Comunidad.

En 2004 la CIDH reiteraba que “las autoridades tradicionales, líderes y miembros de las diferentes comunidades del pueblo indígena Embera Katío viven en un clima de amenazas y señalamientos por parte de los grupos armados al margen de la ley que pretenden controlar su territorio ancestral en el Departamento de Córdoba. La situación ha llevado a la CIDH a solicitar al Estado colombiano la adopción de medidas orientadas a la protección de estas comunidades y al juzgamiento de los responsables de los actos de violencia perpetrados en su contra –incluyendo la desaparición y asesinato de varios de sus líderes.”

No obstante, no solo no se han adoptado mediadas eficaces para proteger la supervivencia de este Pueblo sino que además hemos recibido denuncias según las cuales en los últimos años el Pueblo Embera Katío del Alto Sinú ha tenido que soportar la militarización de su territorio, lo que ha traído como consecuencia el desarrollo de la guerra en su resguardo, convirtiéndose en víctima del fuego cruzado, de las minas antipersonales, de nuevos maltratos de parte del Ejército Nacional, de señalamientos por parte de este último de pertenecer a grupos armados ilegales, o por el contrario, de hostigamientos y asesinatos por parte de la guerrilla que los acusan de ser informantes del Ejército, todo lo cual infringe claramente las normas nacionales e internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

En el informe A/HRC/15/34 de 8 de enero de 2010 sobre la visita efectuada a Colombia en 2009, el Relator Especial de Naciones Unidas señala con respecto a la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, que los grupos armados ilegales son los principales responsables de asesinatos de personas indígenas (párrafo 19); adicionalmente se insiste en que persisten violaciones de derechos humanos por miembros de la Fuerza Pública (párrafo 21). En dicho informe, el Relator Especial afirma que la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009 (2.3.1) identificó “amenazas, hostigamientos y persecuciones de individuos, familias y comunidades (…) por algunos miembros individuales de la Fuerza Pública”. Igualmente, manifestó que “el uso de miembros de comunidades como informantes, así como la mera presencia de la Fuerza Pública en comunidades indígenas, con frecuencia pone en riesgo a las mismas comunidades…” (Párrafo 26).

Diferentes órganos internacionales, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, y organizaciones no gubernamentales internacionales, como Amnistía Internacional han hecho un análisis de la situación de derechos humanos que viven las comunidades indígenas de Colombia y han hecho un llamado al Estado a proteger el territorio, la vida y la cultura de estos Pueblos.

Por otra parte, en su informe de 2009 sobre la situación de los derechos humanos del pueblo Embera Katío del Alto Sinú, la Comisión Colombiana de Juristas señala que en el resguardo “desarrollan actividades militares tropas pertenecientes a la Brigada 11, la Brigada 17, el Batallón de Infantería No. 33 Junín del Ejército Nacional, y recientemente, la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo que depende directamente de la Inspección General del Ejército. (…) Las tropas pertenecientes a las unidades militares mencionadas tienen presencia y control sobre todas las áreas del territorio indígena, incluso las zonas de vivienda y cultivos de las comunidades indígenas”. Con respecto a grupos paramilitares, en el documento se señala que “las mismas autoridades militares han reconocido la existencia de grupos de esta naturaleza como los Héroes de San Jorge y Los Traquetos, indicando que estos no se han desmovilizado”. El documento continúa informando que “se tiene conocimiento de que el frente 18 del grupo guerrillero Farc, hace presencia en la zona limítrofe de los departamentos de Antioquia y Córdoba, donde está ubicado el resguardo Embera Katío del Alto Sinú”. Por su parte los Cabildos Mayores de Río Sinú y Río Verde han expresado “que su pueblo, su territorio y su cultura son pacíficos, y por ende, frente al conflicto armado colombiano se declaran autónomos, y exigen a los diferentes actores armados que no los involucren bajo ninguna forma dentro del mismo y que su territorio no sea campo de actividades militares o de guerra”.

A esto se añade el peligro que para este pueblo representa la posible construcción del mega proyecto Urrá II o proyecto río Sinú, el cual proyectaría inundar una extensión de 50.000 hectáreas aproximadamente, y que abarcaría 3 de sus principales ríos. Con ello, el Pueblo Embera Katío del Alto Sinú sería condenado a su exterminio como pueblo y como cultura, ya que el mencionado megaproyecto afectaría todo su territorio desde el punto de vista ambiental y sociocultural, obligándolos al desplazamiento. Con la extinción cultural del Pueblo Embera Katío del Alto Sinú, Colombia y el mundo perderían una cultura, una lengua, una cosmovisión y unos conocimientos ancestrales.

Por otra parte, los daños que ocasionaría Urrá II o Proyecto Río Sinú no solo afectarían al Pueblo indígena, sino que además constituirían un atentado contra la humanidad que contribuiría al cambio climático como resultado de la descomposición de biomasa y la destrucción de más de 50.000 hectáreas de la selva tropical.

El Estado colombiano se había comprometido con este Pueblo a través del acuerdo firmado el 19 de abril a de 2000 a no construir Urrá II. Dicho compromiso fue reiterado el 8 de abril de 2005. A la fecha aún no se han reparado los daños causados al pueblo Embera Katío por la represa de Urrá I, y ya se están dando los pasos para continuar con la segunda etapa de este proyecto.

De otro lado, la construcción Urrá II o proyecto río Sinú en territorio indígena es contraria a las disposiciones del acuerdo 169 de la OIT que señala en el capítulo de Tierras, artículo 13 que (…) “los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”. Por su parte el Relator Especial “señala la necesidad de armonizar la política pública de desarrollo económico del país, en especial en lo que se refiere a los denominados mega proyectos relativos a la extracción de recursos o infraestructura, con los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas” (…) Adicionalmente el Relator “urge al Estado Colombiano de buscar una salida negociada al conflicto armado en la que se incluya a la sociedad civil, y en especial a las autoridades indígenas, para la construcción de una paz verdadera y duradera en Colombia. Se recomienda apoyar las iniciativas de diálogo y de construcción de la paz propuestas por las autoridades indígenas y sus organizaciones”.

Por ello se solicita que se acaten los acuerdos y recomendaciones realizadas al Estado colombiano por el Relator y los diferentes organismos internacionales. Que se acoja de forma definitiva el Auto 1681 del 8 de Junio de 2009 del Ministerio de Ambiente que niega el estudio de la licencia ambiental para la construcción de la Represa Urrá II o proyecto Río Sinú, y que se respeten las reivindicaciones básicas de este Pueblo para su supervivencia y la de su cultura. Dichas reivindicaciones se pueden resumir en lo siguiente:

1. La No construcción del megaproyecto Represa Urrá II o Proyecto río Sinú
2. La desmilitarización del Resguardo, el retiro de todos los grupos armados y el respeto del territorio como zona de paz libre de cualquier operación militar, con acompañamiento internacional.
3. Que el Gobierno Nacional vele por el cumplimiento efectivo de los derechos a la Vida, al Territorio, a la Soberanía y Seguridad Alimentaría, y al Medio Ambiente Sano de las comunidades de indígenas, de campesinos y pescadores del Alto y Bajo Sinú.

 

Atentamente,

 

Siquieres sumar tu firma a la carta al Presidente de la República de Colombia, rellena el formulario a continuación

 


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